En Octubre de 2010, más de 20.000 saharauis de El Aaiún llevaron al desierto sus jaimas para reclamar mejoras sociales y económicas, que les son negadas sistemáticamente por las autoridades marroquíes; mujeres, hombres, ancianos y niños  expresaron sus reivindicaciones como lo hacen siempre que salen a las calles de las ciudades del Sáhara Occidental para exigir sus derechos: de forma pacífica. Al cabo de un mes, el ocupante marroquí actuó como lo hace siempre: con la fuerza y la violencia desmanteló el “campamento de la dignidad” y detuvo a cientos de saharauis.

Casi siete años después, el invasor de nuestra tierra ha condenado a 23 activistas saharauis de Derechos Humanos, la mayoría de ellos con penas que van de veinte años a cadena perpetua, en un juicio lleno de irregularidades, falsos testigos y confesiones obtenidas bajo tortura, como han denunciado los observadores internacionales y organizaciones de Derechos Humanos. Además, según el Derecho internacional, el tribunal civil que ha juzgado a los activistas, lo mismo que anteriormente lo hizo el Tribunal Militar de Rabat, no es competente para encausar a los saharauis en territorio marroquí.

Esta sentencia de la justicia marroquí, que estaba decidida antes de iniciarse el juicio, no va solo contra los presos políticos de Gdeim Izik, sino contra todo el pueblo saharaui, al que se quiere atemorizar para que no luche por sus legítimos derechos, como es el de la autodeterminación.

La sentencia ha originado múltiples reacciones de condena y solidaridad de partidos políticos, sindicatos y organizaciones solidarias, a los que los saharauis estamos muy agradecidos por su constante apoyo, pero echamos en falta una muy importante: la del Gobierno de España.

No podemos olvidar que hace más de 40 años, España entregó a Marruecos nuestra tierra, en la que el invasor entró decidido a aniquilar a su población, a la que bombardeó con fósforo y napalm cuando huía por el desierto. Prueba de ello es la causa por genocidio que sigue la justicia española, en la Audiencia Nacional, contra altos mandos militares marroquíes. Se dice  que el Sáhara es la asignatura pendiente de la democracia española, y lo seguirá siendo  mientras el Gobierno de turno no tome las medidas necesarias y adopte una postura contundente a favor de que se respeten los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental, y el pueblo saharaui pueda ejercer su derecho a la autodeterminación.

Ahora corresponde al Gobierno del Partido Popular condenar la sentencia contra los presos políticos saharauis, y al presidente Mariano Rajoy interceder para que sean indultados, tal y como ha pedido la mayoría de los representantes del pueblo español.

La jaima, símbolo cultural saharaui con el que se escenificó la protesta de Gdeim Izik, el lugar al que el poeta saharaui Liman Boisha define como “la metáfora de la anhelada patria”, se ha convertido en una amenaza para las autoridades de ocupación marroquíes, que la prohíben, y en un símbolo de resistencia para los saharauis en la lucha por nuestros derechos.

Fuerza, Voluntad y Determinación para imponer la independencia total y la soberanía.

Jira Bulahi Bad

Delegada Saharaui para España

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